Juristas, políticos y agentes de seguridad condenan las amenazas a la jueza del Caso Barbate

Sin ir más lejos, en apenas unos días ha coincidido la interceptación en Las Azores de un submarino cargado con 6,5 toneladas de cocaína destino al Guadalquivir, la fuga del líder del clan de Los Pantoja —por segunda vez— durante un permiso penitenciario y los contundentes actos vandálicos en el vehículo de María Eulalia Chanfreut.

La jueza sustituta adscrita a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Barbate, encontró el pasado 8 de marzo su coche destrozado a las puertas de su casa: las cuatro ruedas pinchadas y gran parte de la carrocería y lunas rociadas de pintura. El mismo día presentó la denuncia y, cuando han pasado más de veinte días, aún no se ha identificado a los autores de unos actos vandálicos sobre los que hay una clara interpretación de advertencia.

Lo que sí se ha producido es una cascada de reacciones de apoyo hacia la jurista. Una de las primeras fue la de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Cádiz (AUGC) que, a través de su perfil oficial de X, condenaron «con absoluta rotundidad este ataque». La asociación 'decana y mayoritaria' de la Benemérita, como así se definen, recalcó que «lo que necesitamos no es miedo, sino más medios, más protección y más respaldo institucional».

En esta línea se posicionaron desde el sindicato de la Policía Nacional Jupol, que quiso hacer llegar a la juez «su firme respaldo» y manifestar una «profunda preocupación y descontento respecto al Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar» promovido por el Ministerio del Interior. Lo calificaron de «auténtico fracaso» por el «incremento de la violencia y la actividad delictiva en la región».

Tampoco faltaron las reacciones del estamento de jueces, que no es la primera vez que indican, como posible solución ante estos intentos de amedrentamiento, focalizar los delitos vinculados al narcotráfico en la Audiencia Nacional «con independencia del ámbito en el que se desplieguen los efectos del delito». Así lo explicó Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, en una entrevista reciente en Radio Nacional de España, donde abundó en que trasladar las competencias disuadiría a quienes realizan estas amenazas con las miras de condicionar una instrucción o un juicio.

En ese sentido, Oliva aseguró que los jueces están «desprotegidos», hasta el punto de que casos como estos causan «una profunda inquietud entre la carrera judicial». De hecho, asegura que la profesión ha pedido al Consejo General del Poder Judicial en numerosas ocasiones garantías de protección personales y materiales, que no parecen llegar. Pues los casos de inseguridad y violencia creciente no sólo se circunscriben a Barbate. El portavoz aludió a la pelea entre clanes de Rota o al siempre candente Campo de Gibraltar como ejemplos cercanos en los que está en riesgo «el propio Estado de Derecho».

Por su parte, fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por ABC aseguran haberse puesto en contacto con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nada más conocer los simbólicos destrozos del vehículo y que desde el Gobierno se está siguiendo muy de cerca la investigación. Eso sí, rehusaron ofrecer una valoración del caso. Tampoco quisieron compartir su opinión desde la Asociación Profesional de la Magistratura, según la «voluntad de los compañeros titulares de Barbate, que no quieren darle más recorrido».

En cambio, el alcalde de Cádiz Bruno García (PP) sí que aprovechó ayer para no sólo condenar «un hecho absolutamente inaceptable que requiere del rechazo unánime de todos», sino incidir en que el Estado «deje de banalizar y tome conciencia de la herida que el narcotráfico está generando en la provincia, que sea sensible y se pongan de una vez en marcha medidas».

Finalmente, pidió sin ambages al Gobierno de Sánchez «que deje de esconderse tras las estadísticas maquilladas de su fallido plan contra el narcotráfico y que dote de medidas especiales y más medios a quienes luchan contra las mafias».